El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago ordenó este lunes al Gobierno indemnizar con 385.600 dólares a 29 migrantes venezolanos que estuvieron detenidos en nefastas condiciones en el país caribeño en el verano de 2020.
La jueza Carol Gobin consideró que los migrantes fueron detenidos en condiciones “degradantes e inhumanas”. Por lo que ordenó al Gobierno indemnizarlos por los daños y perjuicios sufridos.
Los hombres estuvieron detenidos en la comisaría de Siparia, al sur de Trinidad, en celdas oscuras y calurosas, mientras que las mujeres y los niños quedaron retenidos en Fyzabad, en el suroeste del país, sin privacidad ni provisiones para su higiene.
La jueza Gobin señaló que, aunque la detención de los venezolanos era “inevitable” por su entrada de modo ilegal en el país, hubo un retraso de 14 días en lo que la Policía coordinaba con las autoridades migratorias.
Esta situación, según la magistrada, agravó las condiciones de detención de los migrantes, especialmente las de los niños.
A partir del 17 de agosto de 2020, los migrantes fueron puestos en libertad supervisada por la División de Inmigración de Trinidad y Tobago y, a día de hoy, siguen en el país.
La decisión del Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago es un precedente importante para la protección de los derechos de los migrantes en el país.
El fallo reconoce que los migrantes, incluso los que entran de forma ilegal, tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto.
Un gesto de reparación
La indemnización de 385.600 dólares es un gesto de reparación, pero no es suficiente para compensar el sufrimiento que los migrantes sufrieron durante su detención.
El Gobierno de Trinidad y Tobago debe tomar medidas para garantizar que los migrantes sean tratados con humanidad y respeto en el futuro.
Con información de EFE
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