Caracas, 10 de octubre de 2021. Para nadie es un secreto la cantidad de restricciones que existen en Venezuela en cuanto a internet se refiere, sin embargo, cuando investigaciones ubican al país entre los primeros con menos libertades de dicho servicio, suele causar mayor preocupación y eso es lo que ha ocurrido en el informe Freedom on the net, en su edición 2021.
Y es que una evaluación global realizada por Freedom House sobre libertad en Internet, arrojó que Venezuela es uno de los países con menos libertades en internet, siendo los bloqueos de páginas webs, los arrestos arbitrarios y la manipulación de discursos en línea los medios para coartar la libertad de expresión de los ciudadanos
La estatales Cantv, Movilnet, junto a las operadoras privadas Digitel y Movistar han bloqueado numerosos sitios webs y plataformas de redes sociales, incluidos Twitter, Instagram, Facebook, y portales digitales de información para minimizar la cobertura de noticias y eventos como elecciones parlamentarias, protestas, convocatorias ciudadanas
Los bloqueos en línea han tenido como principales víctimas a los medios de comunicación. Entre ellos, detectados por Ve Sin Filtro y reseñado por Freedom House, se identificó a Vivo Play, NTN24, El Pitazo, Punto de Corte, InSight Crime, Armando.info, El Nacional, La Patilla, Runrunes, Efecto Cocuyo y Crónica Uno, diario español El País, la British Broadcasting. Corporación (BBC), entre otros.
Incluso medios considerados progubernamentales, como Globovisión y Aporrea, y hasta la estatal Venezolana de Televisión (VTV). Incluso, varias páginas de pornografía también fueron bloqueadas.
Además, Cantv, reforzando sus métodos de bloquear la libertad en internet, también ha bloqueado algunas herramientas para eludir la censura, como TunnelBear y Windscribe en 2019 y, más recientemente, la VPN Psiphon.
Frente a esto, “los expertos han señalado que esta nueva escalada de censura se está volviendo más difícil de eludir, ya que se necesitan VPN y servicios de anonimización para evadir los métodos de bloqueo más sofisticados como HTTP, HTTPS y el filtrado por identificación del nombre del servidor (SNI)”, reseña el informe.
Es así como durante años, organizaciones de derechos digitales, medios de comunicación, periodistas y activistas han denunciado la falta de transparencia en los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos, sumado a la promulgación de leyes y reglamentos que restringen el derecho a la libertad de expresión, contemplado en la carta magna.
Y es que la legislación venezolana impone responsabilidades excesivas a las empresas de telecomunicaciones, en su papel de intermediarios, y deja amplio margen para que se comentan abusos de poder sobre la libertad en internet durante la prestación de sus servicios: “La ley Resorte-ME establece que los intermediarios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros y otorga a CONATEL la capacidad discrecional para imponer severas sanciones”, señala.
Por su parte, la Ley contra el Odio, promulgada en noviembre de 2017, “establece que los intermediarios deben eliminar el contenido que contenga “discurso de odio” dentro de las seis horas posteriores a su publicación, so pena de enfrentar graves multas. La ley también faculta a las autoridades para bloquear sitios web cuando, en su opinión, promuevan el odio o la intolerancia”.
Medios digitales son víctimas de allanamiento en Venezuela
La investigación realizada por Freedom on the net indicó que durante el periodo estudiado, 1 de junio de 2020 – 31 de mayo de 2021, se registraron varios allanamientos y cierres de medios digitales en Venezuela:
En septiembre de 2020 fue allanado el Correo del Caroní, periódico que publica digitalmente desde 2016.
En noviembre de 2020, Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron Venepress, una agencia de noticias en línea, y confiscaron su equipo. Voceros del portal dijeron desconocer las causas detrás de la redada, pero presumen que fue un acto de represalia por parte de las autoridades que vinculan la agencia con la oposición.
En enero de 2021, funcionarios de Conatel y de la autoridad tributaria (Seniat) allanaron las oficinas de VPITV, una estación de televisión en línea que anteriormente ofrecía cobertura en vivo del parlamento. Según empleados de VPITV, los funcionarios argumentaron que el cierre fue el resultado de la cobertura de VPITV de septiembre de 2020 sobre la escasez de gasolina, en aparente violación de la Ley contra el Odio.
En mayo de 2021, las autoridades judiciales tomaron posesión de la sede de El Nacional, un periódico independiente que ha publicado en línea desde que las autoridades restringieron su suministro de papel en 2018, como consecuencia de una demanda civil iniciada por Diosdado Cabello Rondón, expresidente de la ANC y vicepresidente del PSUV.
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