Caracas, 02 de julio de 2019/.- El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, apareció 3 días después de la muerte con signos de tortura del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, bajo custodia de organismos de seguridad.
Sobre la “presunción de tortura” que señaló la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reconoce que la constitución en su artículo 43, establece un marco especial en casos de privados de libertad o enfermos siquiátricos, donde el Estado tiene que garantizar la vida e integridad física y sicológica de esas personas, razón por la cual la situación debe ser investigada.
“Los detenidos no pueden ser maltratados”, asegura que la tortura no se justifica bajo ningún concepto.
“Los privados de libertad deben tener una dedicación especialísima porque esa persona ya no puede hacer gestiones para garantizar su propia salud”, agregó.
Al ser consultado sobre si él, como defensor del Pueblo, puede garantizar que en Venezuela no hay casos de tortura, éste respondió que lo que puede garantizar es que la tortura no está permitida y que si en la práctica se llega realizar, el servidor público debe ser sancionado.
“La defensoría no es la que hace la investigación penal, lo que hace es documentar la denuncia, abre la investigación sobre ello y lo comunica al MP para que investigue y accione”, aclara.
Reconoce que han recibido denuncias de tratos crueles y torturas y que lo han comunicado al MP. “Algunos de ellos donde se ha determinado su veracidad, se han presentado a tribunales, sancionando a funcionarios” asegura.
Indicó que en los casos como el del oficial militar, se debe realizar “un proceso independiente de justicia ordinaria. Lo primero es prohibir esas prácticas y luego investigar, en el caso del capitán, esa investigación lo hace una fiscalía de DDHH, en un proceso independiente de justicia ordinario”.
También señala que en este caso, la autopsia ya no es realizada por las autoridades militares, sino por funcionarios de la medicatura forense y por un servicio especial que tiene el Ministerio Público en caso de presuntas violaciones de derechos humanos.
Reitera que los patólogos a cargo del caso, están formados en el protocolo de Minessota y Estambul, que asegura se están utilizando.
Puede escuchar la entrevista en Unión Radio.
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